¿Quién quiere violar la ley electoral?

Por Víctor Zepeda

En el espacio anterior hablábamos de competencia electoral frente a los monopolios económicos, veíamos el contraste entre ambos sistemas, uno con una mayor competencia, mientras que el tema económico dejaba mucho que desear.

En estos días el Senador Veracruz, Juan Bueno Torio presentó una iniciativa de ley que reforma el Código de Procedimientos Electorales (Cofipe) para crear el capítulo de sanciones a los servidores públicos de cualquiera de los poderes y órdenes de gobierno que hagan uso de los recursos para beneficiarse (o beneficiar a terceros) en las contiendas electorales.

La iniciativa argumenta que la reforma electoral del 2007 donde se prohibió la contratación de propaganda en medios electrónicos por parte de los partidos políticos así como la colocación de propaganda en espacios públicos y se estipuló desaparecer las "campañas negras", no contempló sanciones a los funcionarios públicos ( como sí lo hace con los ciudadanos, dirigentes de partidos, candidatos, concesionarios y permisionarios de radio y televisión).

Con esta laguna jurídica los servidores que manejan recursos públicos pueden incidir en la decisión de los ciudadanos de manera discrecional e impunemente.

La reforma al artículo 354 del Cofipe contempla una multa de hasta 140 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, suficiente para inhibir la comisión del delito, teniendo en cuanta que el salario mínimo equivale a 54 pesos.

La importancia de la propuesta consiste en inhibir una de las prácticas que más lesionan la competencia electoral. Con los candados del Cofipe para contratar propaganda política, desviar recursos se ha convertido en una práctica frecuente entre funcionarios.

Ante el desprestigio que sufren la clase política hay quienes prefieren recurrir a las prácticas clientelares y la compra de votos considerando que son más efectivas que el debate y contraste de las ideas y los perfiles. Lo peor de todo es que se utilizan recursos públicos que debieron ser destinados para la construcción de escuelas, la compra de medicinas, la investigación científica o mil temas más en los que tenemos niveles vergonzantes.

Ojalá que el trabajo de Bueno Torio no se quede en la enorme congeladora legislativa donde invernan proyectos de ley que podrían trasformar este país.