Presunto Culpable, ya dio mucho de qué hablar y seguramente será tema de la agenda pública mientras se mantenga el debate entre si se censura la cinta o definitivamente queda libre para trasmitirse en las salas de cine. Aunque las redes sociales (e incluso la piratea) ya hicieron su trabajo y millones de mexicanos ya vieron el documental.
Seguramente hay muchos temas para analizar luego de que se difundiera la historia de Antonio que --como cualquier ciudadano mexicano-- se enfrenta a un sistema de justicia penal que prefiere considerar a los ciudadanos como “presuntos” culpables hasta que demuestren lo contrario (y no al revés).
Probablemente también se discutirá la necesidad de implementar los juicios orales en todo el país y de unificar códigos penales en las entidades federativas y, en general, se hablará de la reforma al sistema de justicia penal.
También estará en boga y como lugar común (no por eso menos válido) la defensa de la libertad de expresión garantizada en la Constitución Política.
Incluso, muchos actores políticos, han hecho --y seguirán haciendo en todas las tribunas disponibles-- pronunciamientos para que “se reforme el sistema de justicia en México, etcétera, etcétera”.
Luego de que se lograra colocar en la agenda de discusión pública estos temas al grado de que ahora por lo menos son tomados en cuenta por quienes tienen la capacidad para corregir los problemas que se denuncian, es oportuno evidenciar el poder de la opinión pública como medio de presión.
La opinión pública es un “poder” que se puede utilizar para bien o para mal. A diario juzga decenas de temas que considera de interés general: dicen qué político hace bien o mal su trabajo, qué problemas sociales son los más urgentes, en qué forma deberían usarse los recursos públicos, etcétera. Bastaría sólo echarle un vistazo a los titulares de los noticieros para entender la cantidad de temas que se “juzgan” a diario. Y hablamos de un “juicio” porque desde el momento que se eligen determinados temas (y se discriminan otros), se prioriza la información, se le da un enfoque (positivo o negativo dependiendo de la “línea editorial” del medio), se presenta una parte de la realidad pero se minimiza la otra; desde ese momento, se emite un veredicto de los problemas públicos. Lo que está en juego aquí es la buena reputación de los ciudadanos que son exhibidos, pero también el tipo y el enfoque de los temas públicos a los que tiene derecho el ciudadano de estar informado.
El problema con los “tribunales” de la opinión pública es que no existen reglas claras para definir quiénes y en qué términos tienen derecho a presentar argumentos a su favor. El derecho a la información, aunque esté estipulado en la Constitución Política, sigue siendo un ideal en México pues tienen acceso a los medios quienes se encuentran en un nivel político o económico elevado, y los medios tienen la capacidad discrecional de elegir qué es importante para difundir y qué no.
Presunto Culpable, puede ser considerado como un éxito en la penetración en la opinión pública en pro de los derechos ciudadanos, la cinta debe ser considerada un buen ejemplo de cómo presionar a través de “los tribunales” de la opinión pública para lograr un buen fin. El problema es que el acceso a la opinión pública mayoritariamente se da através de los medios masivos de comunicación y éstos -- antes que otra cosa-- son empresas con intereses propios: hoy defendieron una causa justa, la reforma al sistema penal de justicia, pero mañana podrán defender ( o acallar) cualquier otro tema, como los monopolios en México, el aborto, etc. Las redes sociales están haciendo su trabajo para democratizar el acceso y la difusión de las ideas diversas, sin embargo, aún estamos en pañales.
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